Letras de cambio
Luis Mesalles
Economista


La educación es fundamental. Ya he mencionado anteriormente los efectos positivos que tiene una mayor inversión en educación sobre el desarrollo económico y social de un país. Mediante la educación, no solo se puede mejorar la productividad y competitividad de un país, sino que también se puede ayudar a disminuir la cantidad de familias pobres. ¡Dos pájaros de un tiro! De ahí que los diputados, apenas estrenando su envestidura, se abocaran con entusiasmo a la discusión del proyecto de ley que pretende obligar, constitucionalmente, a que lo que el Gobierno invierte en educación pase de 6% a 8%.

Estoy de acuerdo con la intención, pero no con la forma. Primero, poner en la Constitución una norma tan rígida de obligación de gasto le quita flexibilidad de operación a este y a cualquier gobierno en el futuro. Sobre todo cuando hay tantas necesidades. Sabemos que hay rezagos de inversión en infraestructura, y en eso el país invierte apenas poco más del 1% del PIB. La seguridad ciudadana requiere mayor atención, la salud pública no se puede descuidar y los programas sociales se quisieran reforzar con más presupuesto. Si le damos más a educación sin que haya una reforma tributaria en el horizonte ¿a quién le van a quitar presupuesto? Además, si el Gobierno quisiera, podría gastar más dinero en educación, sin necesidad de ninguna reforma constitucional. Es más, ya lo está haciendo.

Segundo, la principal justificación que le escuché al ministro Garnier para presentar el proyecto, es que se requieren los fondos para disminuir la deserción de jóvenes de secundaria. Es claro que para ello se ocupa invertir más en infraestructura de colegios y en la calidad de los profesores, dado que hay un rezago importante. Pero, una vez que se alcancen los objetivos de mejora, ¿se seguirá requiriendo tanto dinero? ¿Por cuánto tiempo? Encima, no existe certeza de que el dinero adicional se invierta en educación secundaria. Ya las universidades le están pidiendo al Gobierno que les transfiera este año mucho más dinero que el año pasado (más que el crecimiento del PIB). EL INA también quiere una tajada más grande y, cuando venga el aumento salarial, probablemente los profesores y empleados del MEP quieran su parte también.

Finalmente, si bien más dinero puede ayudar, puede que no. Depende cómo se utilice. Por eso, si los diputados quieren de verdad ayudar al país, en lugar de imponer constitucionalmente que el Gobierno invierta más en educación, le debería exigir que logre una serie de objetivos medibles. Por ejemplo, pedirle que baje la deserción secundaria a la mitad en los próximos cuatro años. Si para ello el MEP considera que requiere más dinero, entonces que lo incluya en el próximo presupuesto, voluntariamente. Si lo logra mejorando la eficiencia del gasto, bienvenido.

Artículo publicado en el periódico La Nación, el día 15/05/2010.