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sábado, 19 de junio de 2010

Sigue Petra con calentura

Dialéctica
Juan Manuel Villasuso
Economista

Hay una frase popular, originada en los anales de la historia costarricense, que calza como anillo al dedo a lo que comienza a escucharse sobre la actual política económica, tanto en Costa Rica como en otras latitudes.
Esa expresión autóctona, que se atribuye a don Antonio Pinto Soares, más conocido como Tata Pinto y a su esposa, doña María del Rosario Castro Ramírez refiere a la forma como ellos respondían cuando le preguntaban por su hija Petronila, que padecía de frecuentes quebrantos de salud.
¿Cómo sigue, Petra, Tata Pinto?
Sigue con calentura, respondía con tristeza y un leve acento portugués el que fuera capitán de barco, oficial de artillería y uno de los más efímeros presidentes de Costa Rica (gobernó un par de semanas en setiembre de 1842). Su mujer asentía con la cabeza y repetía en voz baja “sí, pobrecilla Petra, sigue con calentura”.
La frase, cuyo significado primigenio se asoció con la persistencia de algún malestar o dolencia, con el tiempo ha pasado a ser sinónimo de necedad y majadería cuando alguien insiste en algún asunto sin tomar en consideración las circunstancias y el entorno que contradicen de manera evidente sus afirmaciones o propuestas.
En el caso de la política económica hay algunos que al igual que Petra, siguen con calentura. De la reciente crisis no han querido aprender ninguna lección y continúan repitiendo los mismos argumentos y promoviendo las mismas ideas que fueron las responsables de la debacle de los mercados financieros y el desplome de las bolsas de valores, llevando a la quiebra a miles de empresas y dejando sin empleo a millones de personas en todo el mundo.
Sin tomar en cuenta que nos encontramos en una coyuntura en la que apenas se vislumbra un tímido repunte de la economía real, que la inversión generadora de ocupación de recursos todavía no tiene el empuje necesario y que la demanda externa y el consumo local carecen del vigor requerido para alentar la producción, ya hay algunos que claman por la contención del déficit fiscal, aunque eso implique reducir la inversión pública; y hablan de aumentar las tasas de interés para no superar arbitrarias metas inflacionarias fijadas por el Banco Central.
Quienes siguen creyendo que la estabilidad de los precios y el equilibrio fiscal son más importantes que la producción y el empleo; y están dispuestos a sacrificar crecimiento y puestos de trabajo con el propósito de reducir unos pocos puntos la tasa inflacionaria, seguramente no valoran adecuadamente las consecuencias que una recesión tiene sobre la pobreza y el bienestar de las personas y las sociedades. Si la inflación es perjudicial el desempleo es peor.
De igual manera, aquellos que proponen en estos momentos reducir las inversiones públicas o elevar los impuestos para mitigar los desajustes en las cuentas fiscales, deberían tener en cuenta que han sido las fórmulas keynesianas de expansión del gasto las que, una vez más, han permitido reducir los costos asociados con la etapa recesiva del ciclo económico. Es por eso que hasta tanto no se consolide la recuperación será necesario mantener cierto desbalance en las finanzas del Estado.
Coincidimos con Paul Krugman, quien ha insistido en que no hay que socavar la recuperación económica para apaciguar a quienes piensan que el enemigo es la inflación y que urge combatir el déficit público. Cada cosa a su tiempo, porque la política económica debe adaptarse conforme a las circunstancias. A los que tengan calentura, como Petra, mejor aplicarles compresas heladas.

Artículo publicado en el periódico La República, el día 08/06/2010.

jueves, 10 de junio de 2010

En Guardia
Jorge Guardia
Economista-Abogado

El polémico incremento salarial que barajan los congresistas, liderado por la jefa de fracción de la bancada oficialista, es un plato delicioso para picar.
Varios diputados de oposición y, al menos, tres de Liberación han cambiado de posición. Piensan que podrían salvar cara y chequera a la vez, si votaran al revés, al asumir (calculadoramente) que la ley los beneficiaría a todos por igual. Su lema es no quiero, no quiero, echámela en el sombrero.
Don Justo Orozco fue el más injusto. Omitió revelar que tiene a su nombre varios lotes y vehículos de gran valor, pero esgrimió, sin rubor, una argumentación plañidera y populista para justificar el copioso aumento. Dijo estar en urgente necesidad de comprar ropita (de marca, supongo) para ir bien mudadito y guapo a la Asamblea. ¡Pobrecito!
En verdad, inspira lástima.
Don Luis Fishman, diputado del PUSC, se adhirió inicialmente a la tesis oficial en un momento de debilidad política y devaneos con su bolsillo. Lo justificó así: “yo no vine a la Asamblea a hacer votos de pobreza'” (ni de castidad, agregaría otro sus congéneres oficialista y “toquetón” de la legislatura anterior). ¿A qué vino entonces? Después se arrepintió. Es muy astuto. En lo que tarda en exhalar un suspiro pensó que mejor lo retiraba para no malograr sus aspiraciones presidenciales. Sabe bien que la remuneración de los servidores públicos es política, no económica. Tiene razón. Doña Laura, no. Yerra al decir que solo vetaría la ley de no encontrar fondos para financiar el aumento. ¿Qué les dirá a los demás servidores en la futura negociación salarial? De fijo, le exigirán nuevos impuestos.
El argumento de tener que pagar requetebién a los diputados para atraer a los mejores, es falaz. No se corresponde con la teoría ni práctica. Quienes ya ganan bien en sus oficios (los ricos) no necesariamente servirían mejor los intereses de la democracia. Hay, en cambio, otros más honestos, capaces y estudiosos, como José María Villalta (el güila de la Asamblea), que llegaron a servir, no a servirse, aunque profesen otras ideologías. El prestigio de ser diputado conlleva un alto valor no remunerado. Muchos lo harían ad honórem; otros, hasta pagarían por una curul (ciertos partidos las venden por generosas contribuciones). ¿Cuál es, entonces, el salario justo? Descartemos, por injusto, el de don Justo, y rescatemos el de mercado como el más apropiado. Ahí se filtran los candidatos con base en la oferta y demanda de trabajadores, y la remuneración es acorde al aporte de cada cual a la sociedad. En la Asamblea no hay inopia ni renunciarán si no les pagamos más. Y, si lo hicieren, no perderíamos mucho.

Artículo publicado en el periódico La Nación, el día 25/05/2010.
Letras de cambio
Luis Mesalles
Economista

Luego de un duro proceso de negociación, finalmente se firmó el Acuerdo de Asociación de Centroamérica con Europa. Hay que felicitar al equipo negociador por concluir el proceso en un tiempo récord. Se sabía desde un principio que no sería fácil. Otras regiones empezaron procesos similares desde hace mucho tiempo, y aún a hoy no los han terminado. Encima, poner de acuerdo a los países centroamericanos siempre ha sido un reto bastante difícil, y más en temas tan diversos. Y es que este acuerdo trae consigo no solo lo comercial, sino también tiene un componente de cooperación y otro político. Ayudó mucho el hecho de que Europa tiene interés especial en Centroamérica, tanto desde el punto de vista político como económico. Estar físicamente cerca de EE. UU., y además ya tener un TLC con ellos, nos da una ventaja como región. Si a esto le sumamos que nuestro país acaba de firmar un TLC con China, nos hace aún más atractivos como puente entre los principales polos de crecimiento económico mundial.
Hay que tener claro que este acuerdo no es un TLC. La noticia de portada en este periódico es que el 90 % de productos entraran sin arancel a Europa. El restante 10% del número de productos puede representar un porcentaje mucho más alto del posible comercio. Europa siempre ha sido muy protectora de sus productores agrícolas. Tienen la riqueza para pagar más cara su comida, con tal de seguir viendo a los campesinos en el campo. Si bien cedieron en algo de su protección en este acuerdo, siempre quedaron muchos productos fuera del libre comercio. Y aparte están los productos que los ticos importamos. De eso no se habla mucho, a excepción de la leche y sus derivados, que aún quedaron con un grado de protección muy alto.
El momento para firmar este acuerdo no suena como el mejor. Europa está pasando por una grave crisis. Los problemas de Grecia amenazan con afectar a los demás países del Viejo Continente. El costo del rescate pesará fuerte sobre todas la economías. Esto obligará a apretarse duro la faja a todos los europeos. El crecimiento potencial de sus economías es ahora mucho menor. Encima, el euro como moneda está en entredicho. Algunos dicen que esta crisis se lo puede traer abajo, mientras que otros hablan de la posibilidad de que se siga devaluando hasta llegar a 1 a 1 frente al dólar. Todo esto significa un bajo nivel de intercambio comercial de nuestro país con Europa.
Pero estos acuerdos se firman pensando en el largo plazo, no en la coyuntura del corto plazo. Aunque no sea un TLC, la tendencia va en la dirección del libre comercio. El país le sigue apostando a la inserción a la economía mundial como apuesta al crecimiento económico, y eso es positivo.

Artículo publicado en el periódico La Nación, el día 22/05/2010.

domingo, 6 de junio de 2010

Letras de cambio
Luis Mesalles
Economista


La educación es fundamental. Ya he mencionado anteriormente los efectos positivos que tiene una mayor inversión en educación sobre el desarrollo económico y social de un país. Mediante la educación, no solo se puede mejorar la productividad y competitividad de un país, sino que también se puede ayudar a disminuir la cantidad de familias pobres. ¡Dos pájaros de un tiro! De ahí que los diputados, apenas estrenando su envestidura, se abocaran con entusiasmo a la discusión del proyecto de ley que pretende obligar, constitucionalmente, a que lo que el Gobierno invierte en educación pase de 6% a 8%.

Estoy de acuerdo con la intención, pero no con la forma. Primero, poner en la Constitución una norma tan rígida de obligación de gasto le quita flexibilidad de operación a este y a cualquier gobierno en el futuro. Sobre todo cuando hay tantas necesidades. Sabemos que hay rezagos de inversión en infraestructura, y en eso el país invierte apenas poco más del 1% del PIB. La seguridad ciudadana requiere mayor atención, la salud pública no se puede descuidar y los programas sociales se quisieran reforzar con más presupuesto. Si le damos más a educación sin que haya una reforma tributaria en el horizonte ¿a quién le van a quitar presupuesto? Además, si el Gobierno quisiera, podría gastar más dinero en educación, sin necesidad de ninguna reforma constitucional. Es más, ya lo está haciendo.

Segundo, la principal justificación que le escuché al ministro Garnier para presentar el proyecto, es que se requieren los fondos para disminuir la deserción de jóvenes de secundaria. Es claro que para ello se ocupa invertir más en infraestructura de colegios y en la calidad de los profesores, dado que hay un rezago importante. Pero, una vez que se alcancen los objetivos de mejora, ¿se seguirá requiriendo tanto dinero? ¿Por cuánto tiempo? Encima, no existe certeza de que el dinero adicional se invierta en educación secundaria. Ya las universidades le están pidiendo al Gobierno que les transfiera este año mucho más dinero que el año pasado (más que el crecimiento del PIB). EL INA también quiere una tajada más grande y, cuando venga el aumento salarial, probablemente los profesores y empleados del MEP quieran su parte también.

Finalmente, si bien más dinero puede ayudar, puede que no. Depende cómo se utilice. Por eso, si los diputados quieren de verdad ayudar al país, en lugar de imponer constitucionalmente que el Gobierno invierta más en educación, le debería exigir que logre una serie de objetivos medibles. Por ejemplo, pedirle que baje la deserción secundaria a la mitad en los próximos cuatro años. Si para ello el MEP considera que requiere más dinero, entonces que lo incluya en el próximo presupuesto, voluntariamente. Si lo logra mejorando la eficiencia del gasto, bienvenido.

Artículo publicado en el periódico La Nación, el día 15/05/2010.
En Guardia
Jorge Guardia
Economista-Abogado



¿Será ésta la última columna que dediquemos a analizar la gestión del presidente Arias? Pienso que no. La historia no comienza, ni acaba, ningún primero de mayo. Lo dicho el domingo fue apenas el preludio del balance final.

Arias exaltó lo bueno, pero omitió lo malo. Dicho de otra forma, le sobró soberbia y le faltó humildad. Extrañamos el balance equitativo, justo y necesario para mejorar como país y orientar con sensatez a la nueva Presidenta. La Historia, a no dudar, se encargará de enmendar la plana. Yo voy a tratar de ilustrar la otra cara de la moneda.

Don Óscar fue muy suertero. Asió las riendas del poder en momentos en que la economía se deslizaba velozmente por la pronunciada cresta de un ciclo económico que estimulaba, por sí solo, el crecimiento del PIB, generación de empleo, aumento del salario real, disminución de la pobreza, generosos flujos de inversión extranjera, aumento de reservas, y más. Pero desaprovechó esa brillante oportunidad para promover las reformas estructurales necesarias y dar un salto cualitativo hacia el desarrollo. Empleó todo su capital político en el TLC, solo el TLC, y se olvidó de todo lo demás. ¡Lástima!

Reclamar como principal logro haber generado confianza no es suficiente. Las reformas estructurales no se hacen solas; requieren algo más que un buen estado anímico. La reforma fiscal atinente a la estructura de las instituciones y la composición del gasto simplemente no se discutió. Tampoco, la estructura tributaria, tan deficiente, e injusta. No supo administrar bien la crisis (aunque sí la previó anticipadamente). En él se repitió pieza por pieza la fábula de La Fontaine sobre la hormiga y la cigarra. No ahorró lo suficiente en las vacas gordas (el superávit fue flor de un día) y fue dispendioso en el gasto, sobre todo en burocracia, sin prever el creciente déficit por heredar a su sucesora. Como a Calderón, le dejó las arcas vacías.

Las pérdidas del Banco Central no llegaron a aprobarse ni, tampoco, se pudo consolidar el régimen cambiario, la inflación ni tasas de interés (inflation targets). Quedó debiendo en seguridad, infraestructura y, sobre todo, en el sentido de la democracia. Menospreció el papel de las minorías, la necesidad de mantener un intenso control político para rescatar la ética (el affaire de las consultorías del BCIE dejará huella) y, sobre todo, saber dialogar con los demás partidos. Les aplicó, sin misericordia, la ley de Elber (gazo). Por eso, su declaración a El Financiero de que ya todo estaba hecho y doña Laura solo tenía que saber administrar su legado, es incorrecta. Será enmendada, sin dudar, por el severo juicio de la Historia.

Artículo publicado en el periódico La Nación, el día 04/05/2010.

martes, 1 de junio de 2010

Ayer Alcoa, hoy Crucitas

Dialéctica
Juan Manuel Villasuso
Economista

La defensa de los recursos naturales conlleva una enorme responsabilidad y debe ser una tarea permanente de las personas, las organizaciones sociales y el gobierno. La degradación y destrucción del medio ambiente tiene consecuencias que se expresan en el mediano y largo plazo y en la mayoría de los casos los daños resultan irreparables. Los efectos negativos para las futuras generaciones son inconmensurables.
Aun cuando de manera inmediata haya personas que puedan beneficiarse con la explotación irracional de los bienes que nos ofrece el entorno natural, las valoraciones que se hagan de los proyectos que de manera radical alteran los ecosistemas deben trascender los intereses de unos pocos para enfatizar el bienestar y el porvenir colectivo.
Costa Rica ha sido un país excepcional en muchos campos, pero hay uno que resulta particularmente singular: el desarrollo de una cultura cívica que aprecia, valora, ama y ampara a la Naturaleza. Desde muy niños aprendemos a respetar y a querer la flora y la fauna que nos rodea; aprendemos a apreciar el bosque, la tierra y el aire; y aprendemos a reconocer y a resguardar el derecho y la obligación que tenemos de evitar que nuestra biodiversidad sea depredada.
En 1968 el mundo occidental vivió la agitación de la juventud. Fue una explosión de algarabía y de utopía. Desde Paris hasta la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, transitando por Berkeley y Berlín, los jóvenes alzaron sus voces para protestar contra la guerra en Vietnam y a favor de los derechos civiles, mayores espacios de libertad individual y reivindicaciones sociales para los menos favorecidos.
Costa Rica también tuvo su gesta del 68. Fue en 1970. Pero las manifestaciones y la indignación no fueron contra la guerra ni las demostraciones se vieron acompañadas por la retórica o la música de Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit o Joan Baez. Las llamadas “jornadas de Alcoa”, cuyo momento culminante fue el 24 de abril de 1970, nacieron del corazón verde de los estudiantes costarricenses y estuvieron vivificadas por las notas de la Patriótica.
Fue una emoción que surgió de manera espontánea y fue creciendo con la participación de la dirigencia estudiantil que tomó conciencia de que una parte del territorio nacional (Valle de El General) sería explotada para extraer bauxita, sin que se hubiera ponderado adecuadamente el daño que eso causaría ni cuáles serían las medidas remediales indispensables para mitigar el perjuicio, si es que ello era posible.
La concesión que se iba a entregar a la empresa Alcoa (Aluminum Company of America) por medio de un contrato-ley, se veía como un atropello a la soberanía nacional y hacía recordar los tiempos de la compañía bananera, que con el expediente de la creación de puestos de trabajo imponía condiciones adversas al Estado costarricense.
Se están cumpliendo cuatro décadas desde Alcoa. Muchas cosas han cambiado. Algunas para bien. Ahora existe mayor conciencia del inestimable valor del medio ambiente, de los peligros del cambio climático y de la incalculable valía de nuestra biodiversidad.
Sin embargo, los intereses que trajeron a Alcoa a Costa Rica no han cambiado. Son los mismos que se ocultan en los mercados especulativos, en los pliegues de la economía de casino y en los negocios impulsados por la codicia. Son los que en forma globalizada explotan los recursos naturales sin pensar en el mañana y están dispuestos a cualquier cosa sin importar las consecuencias.
Ayer se llamó Alcoa. Hoy se trata de Crucitas.

Artículo publicado en el periódico La República, el día 27/04/2010.

lunes, 3 de mayo de 2010

Los pro y contra de la dolarización plena, según BCCR

La dolarización completa ha sido considerada como posible instrumento para reducir la inflación después de que han fallado varios programas de estabilización ortodoxos puesto que conlleva uno de los más fuertes compromisos; aún cuando serían mayores las restricciones del gobierno, sería más exitoso influir favorablemente sobre las expectativas inflacionarias y reducir la incertidumbre general, dado el costo político de reversar el sistema.

EL propósito principal de la dolarización es eliminar la potestad del banco central de generar dinero de alto poder, con lo cual se espera detener la inflación en sus orígenes. En principio, la inflación de una economía plenamente dolarizada debería converger a la del país cuya moneda adopta.
Se argumenta también que el uso de una moneda foránea obligaría a una mayor disciplina fiscal ya que un gobierno que no puede recurrir al financiamiento inflacionario buscaría fuentes alternativas de recursos más sanas pero más limitadas.

Sin embargo, la dolarización plena puede ser criticada desde varios puntos de vista:

i) nunca habrá una garantía completa de que el sistema no sea reversado en el futuro (en caso de una crisis de liquidez, una guerra o un choque externo grande que induzca al gobierno a imprimir masivamente o a recobrar el uso del tipo de cambio como instrumento de política);
ii) sería ingenuo esperar que la dolarización resulte en una rápida igualación de los precios y de las tasas de interés con el resto del mundo si el problema de la credibilidad no se resuelve;
iii) el argumento tradicional de que gobierno renunciaría a sus ingresos por impuesto inflacionario;
iv) como crítica más importante, que con una dolarización completa, el sistema financiero se vería forzado a operar sin un “prestamista de última instancia”.

Un elemento muy importante a considerar es que, al adoptar una moneda extranjera para estabilizar una alta inflación, el político renuncia a dos beneficios:

i) La capacidad de obtener señoreaje y
ii) La capacidad de devaluar. Aunque muchos economistas argumentan que la pérdida de los ingresos por señoreaje es el argumento principal para mantener la moneda local, el renunciar a una política cambiaria activa podría ser la consideración más importante. Otros mencionan aspectos de soberanía y de orgullo nacional e incluso hay algunos que proponen como motivo para no adoptar la dolarización oficial, las dificultades y los costos políticos inherentes a incumplir el compromiso cuando el país enfrenta choques internos o externos adversos de alguna magnitud y duración, cuyos efectos nocivos pueden ser aliviados, al menos temporalmente, mediante una devaluación.

Y finalmente, según plantean Calvo y Végh (1992), la dolarización plena parece ser sólo una solución parcial y aún contraproducente al problema de la inflación y de la sustitución de la moneda ya que su efectividad requiere en gran medida de la solución simultánea del desequilibrio fiscal fundamental y, aún en ese caso, la dolarización pondría a los bancos en desventaja con respecto a los bancos extranjeros, dado que éstos tienen normalmente el beneficio de contar con un prestamista de última instancia. Más aún, si el gobierno está dispuesto de todas maneras a solucionar el desbalance fiscal, la dolarización plena impondría restricciones innecesarias a la economía, a menos de que se vea como un mecanismo eficaz para imponer disciplina a los gobiernos futuros.